Detienen a pareja acusada de amenazar y vandalizar el Colegio Inglés en Culiacán

Benito “N”, de 43 años, y María “N”, de 45, fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas y daños dolosos.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra un hombre y una mujer señalados como probables responsables de los delitos de amenazas y daños dolosos, relacionados con los hechos registrados en el Colegio Inglés de Durango, en Culiacán.

Los detenidos fueron identificados como Benito “N”, de 43 años de edad, y María “N”, de 45 años.

De acuerdo con la carpeta de investigación citada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto de 2026, en las instalaciones de una institución educativa ubicada en el fraccionamiento Villas del Río, al norte de Culiacán.

La autoridad investigadora señaló que, presuntamente, ambas personas habrían realizado una pinta en una de las bardas del plantel, donde dejaron un mensaje considerado como amenaza, además de colocar una corona fúnebre a un costado de la institución.

El hecho ocurrió durante el regreso a clases y generó preocupación entre padres y madres de familia. Ese mismo día, la Secretaría de Educación Pública y Cultura informó que las actividades escolares no fueron suspendidas, aunque se registró ausentismo debido a que algunas familias decidieron no enviar a sus hijos al plantel.

Posteriormente, un grupo de padres de familia solicitó el esclarecimiento de lo ocurrido y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se registrara algún nuevo incidente.

Tras el reporte, la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo de vigilancia en el colegio y reforzó la seguridad en planteles educativos de Sinaloa.

La Fiscalía indicó que elementos de la UNESA dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión y posteriormente pusieron a Benito “N” y María “N” a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

Será la autoridad judicial correspondiente la que determine su situación jurídica conforme al procedimiento establecido por la ley.

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